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Certificación ISO 37001
Ayuda a estructurar controles de integridad para cadenas con debida diligencia, compras sensibles y relaciones con terceros. G-CERTI Argentina ayuda a encuadrar alcance, sedes, dotación y tiempos antes de iniciar una auditoría formal.
En una licitación pública, en el alta de proveedor de una operadora de energía o en la due diligence de un comprador internacional, la pregunta de fondo es siempre la misma: ¿cómo demuestra esta empresa que gestiona el riesgo de soborno de forma sistemática y no solo por declaración? ISO 37001 existe para responder esa pregunta con evidencia auditada por un tercero independiente, no con una promesa.
Una aclaración que ordena todo lo que sigue: G-CERTI certifica el sistema de gestión de una empresa; no lo implementa, no redacta las políticas del cliente ni ofrece consultoría. Certificar y preparar son cosas distintas, con dueños distintos.
Qué certifica
ISO 37001 es la norma internacional de sistemas de gestión antisoborno (Anti-Bribery Management Systems, ABMS). Su edición vigente es ISO 37001:2025, publicada en febrero de 2025, que supersede a la primera edición de 2016. La revisión formaliza el concepto de cultura antisoborno como parte de la eficacia del sistema, redefine la función de cumplimiento como función antisoborno con independencia operativa más clara, y añade referencias a cambio climático y a un tratamiento más detallado del conflicto de intereses. El núcleo de requisitos —evaluación de riesgo, debida diligencia, controles, denuncia— se mantiene.
Lo que la norma certifica es acotado, y conviene decirlo sin ambigüedad:
El alcance de la norma es el soborno. No cubre por sí sola fraude, carteles, lavado de activos u otras conductas de compliance general, aunque un sistema antisoborno bien construido suele apoyarse en controles que también sirven a esos frentes.
Estructura
ISO 37001 sigue la estructura armonizada de alto nivel común a las normas de sistemas de gestión ISO (la misma columna vertebral de ISO 9001, 14001 o 45001), lo que facilita integrarla con sistemas ya certificados. Sus requisitos se ordenan en las cláusulas 4 a 10:
ISO 37001 tiene un Anexo A, pero de naturaleza distinta a la de normas como ISO/IEC 27001 o ISO 42001: no es un catálogo numerado de controles para seleccionar según aplicabilidad, sino guía informativa, cláusula por cláusula, sobre cómo interpretar y aplicar los requisitos. Los controles antisoborno en sí están descritos dentro del cuerpo normativo, principalmente en la cláusula 8, y se aplican en la medida en que la evaluación de riesgo los justifique.
Marco argentino
En Argentina, la conversación sobre integridad empresaria no es abstracta: tiene una ley detrás. La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (vigente desde 2018) establece que las empresas privadas —con o sin participación estatal, de capital nacional o extranjero— pueden ser penalmente responsables por un conjunto acotado de delitos: cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional (artículos 258 y 258 bis del Código Penal); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265); concusión (artículo 268); enriquecimiento ilícito de funcionarios (artículos 268 (1) y (2)); y balances e informes falsos agravados (artículo 300 bis).
La ley le da al Programa de Integridad un rol concreto, no meramente simbólico:
El punto que conviene entender —y comunicar con precisión— es la relación entre la norma y la ley:
Dicho de forma sobria: ISO 37001 no le "da cumplimiento" a la ley por sí sola, pero le da a una empresa argentina una estructura reconocida internacionalmente y una evidencia externa que sostiene su Programa de Integridad frente a la autoridad, un cliente o un comprador.
Perfiles
ISO 37001 no es para todas las empresas por igual. Tiene sentido donde la exposición al soborno es materialmente más alta o donde un tercero exige demostrarlo. En el mercado argentino, los perfiles recurrentes son:
Empresas que participan en licitaciones y compras públicas, obra pública, concesiones y contrataciones con organismos. El riesgo es estructuralmente mayor y, en los supuestos del artículo 24° de la Ley 27.401, un Programa de Integridad puede ser condición necesaria para contratar.
Empresas que quieren entrar o permanecer en el padrón de proveedores de corporaciones que exigen estándares antisoborno a su cadena. En energía y oil & gas —donde el alta de proveedor es exigente— esto es especialmente frecuente.
El soborno transnacional está bajo escrutinio creciente. Compradores, socios y financiadores internacionales realizan due diligence de integridad sobre sus contrapartes argentinas.
Actividades donde la operación depende de autorizaciones, habilitaciones, inspecciones o pagos a organismos: infraestructura, construcción, salud, farmacéutica, minería, logística de comercio exterior.
Compañías que ya tienen un programa interno y quieren someterlo a auditoría independiente para robustecerlo y demostrarlo.
Un criterio simple para decidir: si en tu operación aparecen de forma habitual funcionarios públicos, intermediarios, agentes comerciales, regalos y hospitalidad hacia terceros, o compras sensibles, ISO 37001 tiene algo concreto que aportar. Si tu exposición a esos vectores es baja, probablemente el esfuerzo se justifique menos.
Y esto no es casual: en la mayoría de los casos de soborno corporativo, el problema no entra por la puerta principal, entra a través de un tercero. Un agente que "resuelve" un trámite, un intermediario que factura servicios difusos, un socio local en un mercado desconocido. Por eso la norma pone un peso desproporcionado —con razón— en la gestión de terceros y en las compras, exigiendo:
Este es, en general, el capítulo donde una empresa argentina descubre las mayores brechas al preparar la certificación: no en la política escrita, sino en cómo controla efectivamente a quienes actúan en su nombre.
Sectores
Dónde ISO 37001 suele evaluarse con más frecuencia en el país, y por qué:
Alta interacción con permisos, grandes contratos y cadenas de proveedores exigentes. La homologación de proveedor de operadoras suele valorar la gestión de integridad.
Obra pública y privada, licitaciones, subcontratación intensiva y relación con organismos de control.
Interacción con sistemas de compras públicas y profesionales; regalos y hospitalidad bajo escrutinio.
Empresas cuyo negocio depende de contratar con el sector público.
Interacción con aduanas, organismos de control y agentes en múltiples jurisdicciones.
Casa matriz que exige un sistema de gestión antisoborno a sus filiales y proveedores argentinos.
Un principio de imparcialidad que conviene tener presente: G-CERTI certifica, pero no implementa ni asesora sobre cómo construir el sistema del cliente. La formación profesional en ISO 37001 que ofrece la Academia es académica y separada; formarse no condiciona ni acelera la certificación de una empresa.
Si tu empresa participa en licitaciones, integra la cadena de una gran cuenta o exporta, el primer paso es acotar el alcance y recibir una propuesta con etapas y condición técnica.
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Preguntas frecuentes
Certifica el sistema de gestión antisoborno de una organización: sus políticas, controles y procesos para prevenir, detectar y responder al soborno. No certifica una persona ni un producto, y no garantiza que no ocurra soborno; certifica que existen controles razonables y proporcionados al riesgo y que funcionan.
No de forma automática, y conviene no afirmarlo así. La Ley 27.401 le da al Programa de Integridad un rol concreto —eximente bajo condiciones específicas (artículo 9°), atenuante en la graduación de la pena (artículo 8°), y condición necesaria para ciertos contratos con el Estado (artículo 24°)—, e ISO 37001 comparte buena parte de los componentes que ese programa exige (artículos 22 y 23). Por eso la norma funciona como marco de referencia y evidencia auditada que ordena y robustece un Programa de Integridad. Pero son instrumentos distintos: la certificación no reemplaza a la ley ni garantiza por sí sola que el Programa de Integridad opere como eximente en un caso concreto.
Puede ser un requisito o una ventaja competitiva como evidencia de gestión de integridad frente al comitente, y en los supuestos del artículo 24° de la Ley 27.401 un Programa de Integridad es condición necesaria para ciertos contratos con el Estado nacional. Lo que la certificación no hace es garantizar la adjudicación: acredita cómo gestionás el riesgo de soborno, no el resultado de un proceso de compra.
No. La formación es académica y profesional, y capacita a personas. La certificación de una empresa requiere auditoría y una decisión técnica independiente. Formarse no condiciona ni acelera esa certificación.
Sí. ISO 37001 comparte la estructura de alto nivel de las demás normas de sistemas de gestión ISO, lo que facilita integrarla con un sistema ya certificado y auditarla de forma coordinada, reduciendo duplicación.
En los terceros. En la mayoría de los casos de soborno corporativo el problema no entra por la puerta principal sino a través de un agente, un intermediario o un socio local. Por eso ISO 37001 exige debida diligencia proporcional al riesgo sobre las contrapartes, cláusulas antisoborno en contratos, controles sobre pagos y reglas claras de regalos y hospitalidad. Suele ser el capítulo donde una empresa argentina descubre las mayores brechas al preparar la certificación.
